26.10.2022. Amnistía Internacional instala un Monopoly frente al Congreso para pedir que se ponga fin al bloqueo en la Ley de Vivienda

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Monopoly frente al Congreso de los Diputados
  • Dentro de la campaña #ViviendaEsDerecho, la organización le da la vuelta al conocido juego de especulación inmobiliaria para exponer los obstáculos que se encuentran las personas hoy en día para el acceso a este derecho
  • En España un 37% de las personas dedican el 40% de sus ingresos a gastos de vivienda, una cifra solo superada por siete de los 38 países de la OCDE y se cuenta con tan solo el 1,6% de vivienda social lejos del 30% de países como Holanda, Austria (24%) o Dinamarca (20%)
  • La organización denuncia que al menos tres aspectos deben desbloquearse de la Ley: aquellos relacionados con el control de precios, las medidas de protección en desalojos y las que tienen que ver con el parque público de vivienda

Amnistía Internacional ha colocado, frente al Congreso de los Diputados, un Monopoly gigante, para exigir al Ejecutivo y grupos parlamentarios mayoritarios que deje de bloquear la futura y primera Ley de Vivienda existente en la democracia. La organización que ha utilizado, dentro de su recientemente lanzada campaña #ViviendaEsDerecho, el popular juego de especulación inmobiliaria para darle la vuelta y poner de manifiesto las enormes dificultades que afrontan las personas a la hora de ejercer su derecho a la vivienda, lamenta que esta norma haya quedado fuera del acuerdo de los Presupuestos y que desde abril no se haya constituido la ponencia con la que se inicia el debate parlamentario sobre el texto. En la acción han participado colectivos de defensa del derecho a la vivienda como la Coordinadora de Madrid o el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

“Llevamos desde 2020, cuando se firmó un acuerdo entre los socios de Gobierno para adoptar una norma sobre vivienda que incluyera mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, esperando que se materialice la primera ley sobre vivienda en la historia de nuestra democracia”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. La organización recuerda que ese acuerdo facilitó la aprobación de presupuestos de 2021 y 2022 y, sin embargo, la Ley ha quedado fuera del acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado. “El bloqueo, por parte del Ejecutivo que está liderando la negociación y de algunos grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso, en la negociación de una norma tan importante, debe terminar, máxime en una situación como la que nos encontramos, caracterizada por un acusado incremento de los precios del alquiler, que desde 2016 han subido un 41% de media, del coste de la vida y la subida de los tipos de interés para hipotecas variables. Nos preocupa además que esto pueda complicar la asignación presupuestaria de la ley para que esta norma se convierta en una realidad”, añade el director de AI.

¿Por que no hay acuerdo?

Entre otros aspectos, Amnistía Internacional muestra su preocupación por las tres cuestiones que están dificultando el acuerdo: aquellas relacionados con el control de precios, las medidas de protección en desalojos y las que tienen que ver con el parque público de vivienda.

En primer lugar, actualmente el proyecto de ley contempla un sistema de control de precios en las zonas de mercado tensionadas que afecta únicamente a los nuevos contratos cuyos propiedad del inmueble en cuestión sean grandes tenedores de vivienda y que no entraría en vigor hasta 18 meses después de la aprobación de la ley. Para AI es urgente adoptar medidas que se extiendan a todos los nuevos contratos que garanticen que la vivienda sea un derecho asequible. Según estimaciones del propio gobierno, la medida contemplada en el proyecto de ley sólo aplicaría a aproximadamente el 6% de las viviendas. La regla de no dedicar más del 30% de los ingresos a la vivienda es una medida ampliamente utilizada y aceptada para medir el alcance de los problemas de asequibilidad de la vivienda. Sin embargo, en España, un 37% de las personas tienen que dedicar a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos. Este porcentaje de población que dedica más del 40% de ingresos a vivienda solo es superado en la OCDE por Grecia (83%), Macedonia (61%) y Montenegro, Bulgaria, Serbia y Rumanía, estos últimos con porcentajes que van del 40% al 56%.

En los países de la Unión Europea y según estadísticas incluidas en la Estrategia Nacional 2050, España ocupa el puesto 18 de los 27 en el indicador de población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda. Las mayores tasas de esfuerzo de pago del alquiler en España y según un estudio de Idealista de mayo 2022, son las siguientes: Barcelona, con el 48,7% de los ingresos familiares dedicados al pago de la renta, Guipúzcoa, con el 46,8%, Vizcaya (39,8%), Las Palmas (39,7%), Girona (38,1%), Madrid (38,1%), Lleida (33,7%), Sevilla (33,4%) y Huesca (33%). Nueve provincias que se sitúan por encima de la norma del 30%.

“Si a esto le añade el hecho de que desde 2016 el alquiler ha subido un 41% de media mientras que en esos años, el incremento del salario medio anual ha subido, según datos publicados entre 2016 y 2022 por el INE, un 8,6% la conclusión es que muchas personas están teniendo verdaderas dificultades para acceder a un derecho como es el de la vivienda en España”, lamenta Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España. Además, el sueldo medio de las mujeres es un 18,7% menor que el de los hombres, por lo que esta situación afecta de manera desproporcionada a los hogares monomarentales.

Por otro lado, Amnistía Internacional considera que la Ley debe incluir una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que asegure que no se producen desalojos sin alternativa habitacional para que las personas sin recursos no se encuentren en una situación de riesgo de sinhogarismo, tal y como han exigido diversos mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.

Algunos partidos políticos han presentado enmiendas orientadas a establecer la obligación para los grandes tenedores de vivienda de ofrecer un alquiler social antes de iniciar una demanda de desalojo en situaciones de falta de vivienda y riesgo de exclusión, medida que podría reducir el número de desalojos. Sin embargo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana propone como alternativa un proceso de mediación obligatoria previo a la demanda de desalojo, que para AI plantea preocupaciones en términos de igualdad de partes a nivel procesal y no aborda el problema principal, que es el asegurar que todo proceso judicial de desalojo de personas sin recursos se produce después de un juicio de proporcionalidad en el que se evalúe caso por caso y se asegure que no se produce ningún desalojo sin alternativa habitacional en caso de personas sin recursos. Estos últimos aspectos no se incluyen en la ley desoyendo recomendaciones de Naciones Unidas.

Por último, la organización recuerda que desde abril de 2022 el Estado, a través del FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva, encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España) ha tomado el control de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) con un 50,14% del accionariado, un aumento del capital permitido por el Real decreto-ley 1/2022. Esta norma establece en su preámbulo que “la SAREB podrá ceder, como parte de su política de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social”.

Sin embargo en el articulado del RDL no existe ninguna mención a esta posibilidad ni se regula la misma ni se establece por tanto ningún calendario a tal efecto. La ley de vivienda debe ser el siguiente paso para legislar en esta materia y establecer la obligación de la Sareb de utilizar su parque de viviendas vacías con plazos concretos y así poder incrementar el parque de vivienda social de las comunidades autónomas y garantizar el acceso a la vivienda de tantas personas como sea posible.

“El Estado tiene la obligación de adoptar el máximo de recursos para lograr de manera progresiva el cumplimiento del derecho a la vivienda. Y por lo tanto, las viviendas de la Sareb son recursos que pueden y deben ser utilizados, entre otras medidas, para paliar la crisis del parque de vivienda social que existe en España”, denuncia Marta Mendiola. Y es que España cuenta tan solo con un 1,6% de vivienda social del total de hogares, es decir, unas 290.000 viviendas. Sólo supera a Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre y está muy alejada de países como Holanda (30%), Austria (24%) Dinamarca (20%) Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16%).

Un derecho, no un juego

Los últimos datos sobre desalojos publicados recientemente por el Consejo General del Poder Judicial muestran que durante el segundo trimestre de 2022 se produjeron 10.816 desalojos, es decir, 166 desalojos al día. Los desalojos por impago de alquiler (7.871) subieron un 3,3% más respecto al primer trimestre.

“Es previsible que las personas vayan a tener mayores dificultades en acceder y conservar una vivienda. Esta ley no puede esperar más“, concluye Esteban Beltrán.

Ante esto, la organización ha querido “acercar” al Congreso de los Diputados el conocido juego del Monopoly con las reglas algo cambiadas. “El reto que plantea no es otra cosa que la vida misma: cada jugador o jugadora debe cubrir los gastos de vivienda con el sueldo mensual (salario medio en España, salario más frecuente en España o Salario Mínimo Interprofesional) y hacerlo frente a los incrementos descontrolados de precio del alquiler y compra de vivienda, la insuficiencia del parque público de vivienda y el incremento del coste de suministros. Todo ello, manteniendo en mente que el porcentaje de ingresos dedicados a los gastos de vivienda no debería suponer más de un tercio del total”, explica Beltrán. El tablero, que se centra en cinco ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y San Sebastián) con zonas tradicionalmente inasequibles, así como zonas cuyos precios se han disparado en los últimos años, refleja la dificultad añadida que supone el actual incremento del coste de la vida (precios de electricidad y gas) y la especial vulnerabilidad de las mujeres. También de grupos específicos de personas (jóvenes, trabajadores con SMI; y otras vulnerabilidades derivadas de la interseccionalidad).

 

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