MADRID – La calle Dolores Armengot, 14, ha sido hoy el escenario de un nuevo desahucio ejecutado por la fuerza. Walter, Ena y sus tres hijos menores de edad han sido expulsados de la habitación en la que vivían en condiciones de hacinamiento, en un operativo policial que blindó la zona desde las cinco de la mañana para evitar la resistencia vecinal.
Cronología de una precariedad administrativa
La situación de la familia es el resultado de una cadena de irregularidades que el sistema judicial nosólo no ha frenado , sino que ha agravado la situación de la famila de Walter y Ena. La familia accedió a la vivienda mediante un subarriendo fraudulento. Tras la expulsión del estafador, el propietario inició procesos judiciales individuales para cada habitación del piso con el fin de vaciar el inmueble, donde residían 12 personas. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC) denunció defectos de forma, incluyendo notificaciones con solo 48 horas de antelación en el primer intento de lanzamiento el mes pasado. Esta mañana, varias patrullas de la UIP impidieron el paso a los negociadores, negándoles el diálogo con la comisión judicial.
La respuesta institucional: Albergue temporal
Ante la pérdida de la vivienda, la única alternativa proporcionada por el Samur Social (servicio externalizado por el Ayuntamiento) ha sido el traslado al albergue de Las Caracolas, en Vallecas, se trata de un recurso de emergencia temporal y no supone una solución habitacional estable sino un parche que obliga a la familia a compartir barracones con otros usuarios.
Coste público y beneficio privado
El operativo de hoy subraya la gestión de la crisis de vivienda en Madrid. Mientras se destinan recursos públicos masivos a dispositivos policiales para asegurar el desalojo de familias vulnerables —incluso con menores enfermos—, la respuesta social se limita a plazas de albergue de unos pocos días.
Para los colectivos vecinales, este caso evidencia una prioridad clara: la protección de los intereses del rentista y la propiedad sobre el bienestar básico de los ciudadanos. El desahucio ha concluido con la identificación de varios activistas y el desalojo forzoso de la familia.
