Concentración frente la Asamblea de madrid en contra de la aprobación de la Ley Omnibus, un paquete legislativo con el que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende modificar 33 leyes autonómicas, cinco decretos y 15 disposiciones que afectan a ámbitos que van desde la hacienda pública, la ordenación del territorio y el medio ambiente hasta la sanidad o los servicios sociales. Uno de los cambios más graves contemplados en la Ley Ómnibus es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria. El nuevo ente, que contará con un presupuesto de hasta 2.000 millones de euros para gestionar la contratación de suministros, bienes y servicios, actuará sin control parlamentario, según denuncian desde colectivos de profesionales de la salud. “Es evidente que su línea es la de privatizar. No me cabe ninguna duda de que es una puerta abierta para en el futuro hacer lo que les venga en gana”, alertaba a principios de año Joaquín Villena, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.
El 15 de diciembre de 2022 quedó aprobada finalmente la Ley.
