El pasado jueves 13 de marzo, profesionales del Tercer Sector, el sector de la
intervención social, se concentraron frente a la Consejería de Familia,
Juventud y Asuntos Sociales bajo el lema: “Que trabajar no nos cueste la vida: la precariedad laboral en el Tercer Sector mata”.
El objetivo era denunciar el grave suceso sufrido por nuestra compañera Belén, asesinada mientras desempeñaba su trabajo como educadora social el pasado 9 de marzo de 2025, en un centro de menores con medidas judiciales en Badajoz. La
Administración Pública debe velar por la seguridad tanto de personas usuarias
como de las profesionales, así como realizar el seguimiento y las auditorías
pertinentes de las entidades que ganan los pliegos).
Además se pretendia visibilizar la necesidad de mejorar el Sistema de Servicios Sociales que, actualmente, tanto en Extremadura como en la Comunidad de Madrid está externalizado, es decir, privatizado. La gestión indirecta y la mal denominada
colaboración público-privada es el modelo actual y requiere no sólo mejoras, sino
una transformación total del modelo.
Por otro lado querian reconocer el trabajo esencial que realizamos las profesionales de este sector que, junto a Sanidad, Educación, Vivienda, Pensiones, somos una de las patas del Estado de Bienestar.
Durante el acto se exgieron mejores condiciones laborales (salarios signos, prevención de riesgos laborales, ratios adecuadas, etc) es decir convenios que mejoren sustancialmente las condiciones laborales de las trabajadoras y transformar el Sistema de Protección y Reforma, atendiendo a la intervención comunitaria y no punitivista. Por un modelo de intervención con menores en el que se ponga en el centro a la persona. La infancia y juventud requieren de una intervención integral con un acompañamiento de calidad que garantice su desarrollo y protección frente a las circunstancias de vulnerabilidad a las que se enfrentan.
Las profesionales del sector, con perfiles profesionales heterogéneros (educadoras
sociales, trabajadoras sociales, integradoras sociales, cuidadoras, psicólogas, etc)
queremos visibilizar las consecuencias de la precariedad laboral de este sector, un sector esencial que es sistemáticamente invisibilizado y precarizado.
Conscientes de las violencias a las que estamos expuestas en nuestro trabajo, exigieron que las entidades se responsabilicen de mantener a las profesionales
seguras en el entorno laboral, desarrollar protocolos y cumplir con las normativas,
autonómicas y estatales, en materia de derechos laborales.
