Madrid, 20 de febrero de 2024 – Hoy, martes 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la Justicia Social, y se unen decenas de diversos movimientos sociales y vecinas de Madrid en la Plaza de Colón para denunciar las sanciones y prácticas represivas que violan el derecho a la protesta, en una acción pacífica y performativa. Llevan pancartas con las cantidades de sus multas y penas de prisión, además de mordazas en las caras.
Los grupos señalan que suman miles de euros en multas en su ejercicio del derecho a la protesta. Recordamos que en el año 2020, el equivalente a un 6% de la población española fue multada por este procedimiento. Y aunque nuestro gobierno prometió derogar las leyes mordaza, estas siguen en vigor.
La criminalización de la protesta está afectando a diversas luchas madrileñas: desde los movimientos vecinales por la preservación de sus parques y árboles, hasta los sindicatos de vivienda, asociaciones estudiantiles, movimientos feministas, plataformas antimilitaristas y movimientos ecologistas por luchar por un mundo habitable, y contra la inacción climática política.
Este tipo de infracciones administrativas también dificultan sus posibilidades de defensa, puesto que durante las primeras fases del procedimiento es la propia policía la que instruye los expedientes, siendo juez y parte en los mismos. Además, la presunción de veracidad de los agentes vulnera el principio de inocencia de las activistas, que afirman que estas denuncias se sustentan, en su inmensa mayoría, en actas falsas.
Las llamadas “leyes mordaza”, entre las que se encuentran la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma del Código Penal relacionada con el orden público, no solo criminalizan los movimientos sociales, sino que castigan también situaciones de pobreza o la libertad de movimiento de las personas migrantes, permitiendo las devoluciones sumarias en frontera -conocidas como “devoluciones en caliente”-, o la detención administrativa en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
Ante este contexto de represión y criminalización denunciado por las organizaciones convocantes, estas plantean algunas demandas urgentes, como la derogación de la Ley Mordaza, la paralización de los procedimientos sancionadores y absolución en las causas penales, la devolución de la cuantía de las multas y la protección del libre ejercicio del derecho a la protesta.
